Caso cerrado. El Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) da marcha atrás, recula y decide retirar la denuncia por la vía civil interpuesta contra la popularmente conocida como ‘madre coraje’ de Son Pontivic. Tras recibir un duro varapalo por la vía penal, la empresa pública decidió iniciar un nuevo procedimiento por la vía civil. Nada más recibir esta nueva demanda, Natalia acudió de nuevo a su abogado.
Tras estudiar el caso, el letrado Eduardo Luna realizó alegaciones solicitando la inadmisión de la demanda al entender que existía un grave error de forma y que la misma debía ser inadmitida. Hace unos días, llegaba el archivo de la causa al anunciar la representación procesal del IBAVI que retiraba la demanda. El caso de Natalia, destapado en primicia por Última Hora ha tenido una gran repercusión social y mediática a nivel nacional.
En estos momentos, Natalia se encuentra en un limbo legal en el que lleva seis años viviendo en una casa del IBAVI y de la que no la pueden sacar porque así lo respalda una decisión judicial. No obstante, ella quiere pagar un alquiler social y que algún responsable de la empresa pública de vivienda le atienda y poder iniciar una negociación. Natalia es una mujer que tras perder a un bebé entró en una depresión profunda y perdió su trabajo.
«Estábamos viviendo en una casa de alquiler en la que pagábamos 700 euros. El dueño de la vivienda que era un particular nos quiso subir y no pudimos asumirlo. Abandonamos el piso y nos tuvimos que meter mi marido y yo con tres niños pequeños en una habitación. Así pudimos aguantar seis meses, pero la situación era insostenible. No paraba de acudir al IBAVI y a las asistentas sociales para que me ayudaran, pero todo el mundo se lavaba las manos», apunta Natalia entre lágrimas.
«Me enteré de que en la calle Son Pontivic había cinco o seis viviendas vacías y pedí una, pero nadie me hizo caso. Un viernes por la noche, me presenté en el edificio y entré en la casa. Las casas estaban nuevas y las llaves de la puerta en el cajón de la cocina. Nos instalamos y, a primera hora del lunes siguiente, me presenté en el IBAVI con mi DNI en la mano explicando lo que había hecho y pidiendo hablar con algún superior para que me hicieran un contrato y poder pagar el alquiler social. Una vez más, nadie me atendió. Al día siguiente, presenté una instancia y lo puse todo por escrito. Así sucesivamente pidiendo por favor que alguien me ayudara», comenta la protagonista de esta historia.
Cuatro años más tarde, el Institut Balear de l’Habitatge interpuso una denuncia contra los okupas. Ahora, un juzgado de Palma ha absuelto a la pareja. La titular del juzgado de Instrucción número 10 indica en la sentencia que la institución pública no ha mostrado ningún interés en cuatro años por recuperar la posesión. El fallo sostiene que una pareja y sus tres hijos accedieron a una vivienda situada en la calle Son Pontivic que era propiedad del IBAVI.
Desde julio de 2017 la institución pública tenía conocimiento de dicha ocupación e interpusieron denuncia el 5 de febrero de 2021. La jueza Carmen Abrines señala en la sentencia que el organismo público, «cuya misión es ofrecer viviendas de alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el procedimiento establecido, no ha mostrado durante cuatro años ningún tipo de interés por la vivienda».