La emergencia habitacional lleva tiempo convertida en una de los principales preocupaciones de la ciudadanía. De hecho, en los últimos trabajos demoscópicos que ha realizado el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) para este diario, el acceso a la vivienda –junto al progresivo encarecimiento de la cesta de la compra– siempre ha sido señalado como uno de los grandes problemas de las Islas. Las limitaciones y consumo de territorio, la eclosión demográfica de la última década y el interés de los inversores nórdicos y centroeuropeos son algunos de los grandes obstáculos a los que se enfrenta cualquier administración a la hora de afrontar y buscar soluciones a esta crisis.
La gran infección.
Las dificultades para comprar o alquilar una casa en Baleares no son algo reciente. Hace mucho tiempo que en Ibiza se dispararon todas las alarmas. Con el tiempo la ‘infección’ alcanzó Mallorca y es probable que no tarde en alcanzar de lleno a Menorca, donde el renacido interés de los franceses ha agitado el mercado inmobiliario. En este escenario, una gran parte de la ciudadanía aguarda soluciones rápidas y reclama recetas milagrosas, pero la realidad es que no existen.
Un gran paquete de medidas.
Tras un largo periodo de cierta inacción –el Pacte de izquierdas hizo muy poco en materia de vivienda en ocho años a pesar de los graves indicativos–, el Govern ha activado toda su maquinaria para intentar rebajar el impacto de la emergencia habitacional: más agilidad para edificar, liberalización de suelo, promociones a precio tasado, el programa de alquiler seguro… Nadie podrá decir que la presidenta Prohens ha decido mirar hacia otro lado, más bien todo lo contrario, pero su plan –como cualquier otro de este calado– requiere tiempo, fundamentalmente porque se perdió demasiado.