La creciente complejidad de la realidad escolar balear provocada en las últimas décadas por una mayor diversidad del alumnado en las aulas –en todos los sentidos– se ha traducido en que la Administración pública haya ido otorgando más autonomía pedagógica y gestora a los centros. La idea de fondo era que pudieran responder a esas situaciones según sus necesidades concretas, pero lo que se veía como una solución ahora se ha convertido en una dificultad añadida porque ha creado burbujas educativas. Al igual que pasa en las redes sociales, cada colegio o instituto vive su propia realidad ajena, en la gran mayoría de casos, a la de sus vecinos. Y eso está lastrando la capacidad de actuación de los docentes.
Así lo constata un estudio del catedrático de Sociología de la Educación de la Universitat de Barcelona, Antoni Verger, publicado en el Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2025, en el que propone medidas para evitar que se profundice este fenómeno regresivo. En ningún caso dar mayor autonomía de centro es negativo, todo lo contrario, pero si no va acompañado de una mayor coordinación se incentiva una segmentación, según ha explicado durante la presentación en la sede de Caixa Colonya de Palma en compañía del director del anuario, Joan Amer, y la técnica del Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE), Rut Garí.
«Haber reforzado la autonomía de centro ha tenido un recorrido interesante para que haya proyectos pedagógicos sólidos y consolidados, pero no es suficiente ante la diversidad a la que se enfrentan los docentes. Los retos son demasiado grandes para abordarlos solo desde las escuelas y se ha generado una sensación de aislamiento entre los centros que tratan con alumnos más vulnerables», ha comentado este jueves durante la presentación de su trabajo el también editor de la World Yearbook of Education.
Ante esto, hace casi dos décadas en varias ciudades europeas como Oporto y Lisboa, pero desde hace unos años también en Barcelona, Roma, Amsterdam o Manchester, se ensaya lo que se conoce como zonas educativas. Se trata de unidades de gobernanza escolar y de colaboración entre docentes de diferentes centros vinculados a un mismo territorio. Las zonas educativas pueden incidir positivamente en ámbitos clave como la planificación pedagógica, la gestión de recursos, la formación docente, la equidad en la escolarización y la evaluación escolar.
Emergen como espacios intermedios que pueden articular mejor las políticas educativas con las necesidades del territorio, fomentando la acción conjunta entre escuelas, administraciones y agentes comunitarios, según explican los autores del estudio. Las zonas educativas, como estructuras de apoyo pedagógico y gestión descentralizada, muestran cómo una política de base territorial puede favorecer la mejora educativa. Ahora bien, este potencial se ve limitado si no se superan las tensiones derivadas de la burocracia y de la falta de coordinación habitual entre niveles institucionales.
En el análisis se estudian varios casos que a pesar de buscar objetivos diferentes confluyen en el objetivo de evitar el aislamiento entre centros. «En Portugal, la adopción de zonas educativas ha respondido principalmente a una lógica distributiva, orientada a combatir las desigualdades educativas desde una perspectiva territorial, a partir de deslindes geográficos de zonas escolares preestablecidas. En el contexto catalán, donde el sistema educativo presenta un grado elevado de centralización, las zonas educativas ofrecen la oportunidad de acercar la gobernanza escolar en el territorio y otorgar un papel más relevante a los municipios. En cambio, en el caso chileno, este modelo ha servido para recentralizar la gobernanza educativa, como a respuesta a la municipalización previa y a la crónica infradotación de recursos a escala local, factores que habían contribuido a la precarización de la educación pública».