La magnitud del fracaso de las políticas de vivienda del Govern balear es comparable al daño provocado por las nuevas leyes de educación, también fundamento sustancial de cualquier sociedad que se aprecie como tal.
En el primer caso, los más de 7.000 demandantes de una vivienda al Govern muestran la realidad que desmiente la propaganda oficial. La boutade de pretender prohibir la venta de vivienda a los extranjeros y las publicitadas limitaciones al precio del alquiler, que no tienen efecto alguno, se quedan en intencionadas maniobras de distracción. En relación a la educación, las iniciativas legislativas conducen a los estudiantes al callejón de la nada.
El escritor y filósofo Félix de Azúa sostiene que la educación en nuestro país, manejada por partidos sectarios, de extrema izquierda, nihilistas, sin ningún respeto por la enseñanza, es una catástrofe.
En Baleares, la preocupación por el fracaso y el abandono escolar, la excesiva burocracia, el corporativismo, la inestabilidad derivada de los constantes cambios normativos, la falta de recursos suficientes, entre otras carencias endémicas, reunió a la más amplia representación del sector de la educación y colectivos de la sociedad civil para trabajar durante muchos meses en un Pacte per l’Educació, aprobado por el Consejo Escolar de Baleares el mes de abril del año 2017. Luego, en manos de los grupos políticos para sacar adelante la nueva Llei d’Educació, se impuso de nuevo el partidismo y el arduo trabajo realizado se ha quedado en nada. Por encima del texto legislativo aprobado en el Parlament, la LOMLOE, ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación.
La nueva nomenclatura «está devastando el conocimiento», un hecho frente al que la Administración organiza «cursos de formación para el profesorado sin tener formadores formados y en Educación toda es ya una paradoja y una pantomima». Los entrecomillados son de un esclarecedor artículo de Marta Icíar Pérez García, jefa de Estudios del Instituto Son Cladera, publicado en estas páginas el 2 de enero, de obligada lectura para intentar comprender la dimensión del desaguisado provocado por la que se ha quedado como ‘ley Celáa’, aunque la paternidad sea de Pedro Sánchez.
Esta ley, dice la profesora, no conlleva la mejora del aprendizaje y está devaluando la excelencia académica, «los aprobados en la ESO se regalan»; explica que la idea de la nueva ley se resume en la adquisición de la competencia y el conocimiento queda relegado al último plano del proceso de enseñanza y aprendizaje «cuando está comprobado que no hay competencia sin conocimiento previo».
Es una norma educativa mediocre que «condena a la cantera social a ser dependiente del gobierno en unos años», porque sustrae al alumno los valores del esfuerzo, la constancia, la dedicación, la perseverancia. Se está devaluando, denuncia Maria Icíar Pérez, el valor de la dignidad y el mérito por conseguir logros y se están anulando la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico.
Por si faltara la guinda, la mejora de las retribuciones de los docentes se encuentra paralizada desde su anuncio por el conseller del sector, Martí March, en el año 2018, un problema que ahora se arreglará con dinero, porque el Govern lo tiene y se aproximan las elecciones. Pero las consecuencias de la Ley perdurarán.