El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 11 años de prisión para el expresidente del Govern balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin.
En el escrito de calificación que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita la apertura de juicio oral por el caso Nóos contra catorce personas para las que reclama un total de 107 años de cárcel, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, que fue responsable de personal del mismo y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.
Para Matas pide que sea juzgado por presunta malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación y falsedad en documento público (8 años), así como por un delito continuado de fraude a la administración (3 años).
Reclama además 20 años de inhabilitación absoluta para el expresidente, que ya está en prisión condenado por corrupción, y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para fijar las penas que solicita para Matas, el fiscal ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia en los delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación.
El fiscal acusa también al ex director general de Deportes José Luis «Pepote» Ballester, amigo personal de Urdangarin y la infanta Cristina, para quien pide una condena de 2 años de prisión, otros 2 de inhabilitación absoluta y 2 más de inhabilitación para cargo público.
En su caso, para calcular la pena que solicita, el fiscal ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque se puso a disposición del juzgado instructor para ayudar a la investigación, reconociendo su participación en los hechos.
Para el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares Gonzalo Bernal, el fiscal pide 8 años de prisión; para el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, 4 años de cárcel y 9.000 euros de multa, y para el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, 5 años y 6 meses de prisión y multa de 9.600, teniendo en cuenta la agravante de reincidencia.
En los hechos que afectan a Balears, el fiscal considera que la entidad pública desde la que se desviaron fondos al Instituto Nóos fue la Fundación Illesport, cuyo patronato «nunca se reunió, debatió ni adoptó decisión alguna» y cuyas actas de reunión son todas simuladas.
Según Horrach, esta «farsa» fue «orquestada» por Matas «con el fin de aparentar que era dicho órgano quien tomaba las decisiones» cuando era él «quien ostentaba de facto el dominio sobre la gestión del citado organismo».
Illesport e Ibatur adjudicaron contratos públicos a Nóos Consultoría Estratégica amañando el procedimiento, intentando cubrir la apariencia de legalidad; simulando el respeto de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, falseando el contenido de documentos oficiales y en algunos casos abonando directamente facturas prescindiendo del proceso administrativo, según el ministerio público.
Para adjudicar a Nóos la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears (antes Banesto), Urdangarin se reunió en el Palacio de Marivent con Matas y Ballester en septiembre de 2003, relata el fiscal en su escrito.
Contratar el servicio de la oficina del proyecto ciclista por el que se abonaron unos 290.000 euros requería un concurso público porque su coste superaba los 12.000 euros, pero no se hizo. Matas se la adjudicó «de forma verbal» a Urdangarin, y se fraccionó el importe en varios contratos públicos con Illesport e Ibatur, continúa Horrach.
Posteriormente, Matas decidió que Illesport contratara al Instituto Nóos para organizar la cumbre de turismo y deporte Illes Balears Forum, imponiendo que se le pagara 1.200.000 euros y omitiendo el procedimiento administrativo en «un atentado frontal a los principios básicos que deben regir la actuación administrativa», según el fiscal.
No existe ningún documento justificando el interés público del evento, ni constan estudio de viabilidad económica o informe jurídico de su legalidad o certificado de que se ejecutó debidamente porque nadie lo fiscalizó ni se pidió justificante alguno.
A juicio del fiscal, en la decisión del expresidente influyó de forma decisiva «la posición social y el área de influencia» de Urdangarin.
Horrach, para quien el precio era «totalmente desproporcionado para el contenido del encargo», ha calculado lo que cobró Nóos del Govern y los gastos en los que incurrió el instituto imputables al Illes Balears Forum de 2005 y considera que la suma global de fondos públicos desviada fue de 736.726,58 euros.
En 2006, tras la suscripción de otro convenio de colaboración con las mismas irregularidades, el Govern pagó 1.085.000 euros, que descontados los gastos asumidos por Nóos (524.725 euros) sirvieron para desviar 618.274,69 euros, según el fiscal.
El Instituto Nóos no realizó parte de los servicios incluidos en el segundo convenio (un plan estratégico y un observatorio permanente) pero se pagaron, ante las reiteradas exigencias de los responsables. Urdangarin llamó al menos cinco veces por teléfono a Ballester a principios de 2007 reclamando el pago, destaca el acusador público.