El enorme crecimiento de la actividad inmobiliaria en Baleares en los últimos años ha traído consigo un notable incremento de empresas del sector en el que además no paran de brotar nuevas firmas que, en el mejor de los casos, ni siquiera reúnen la preparación ni la solvencia profesional requeridas; en el peor, son directamente focos de operaciones fraudulentas que acaban con sus clientes acudiendo a los juzgados tras haber sido estafados.
Es cierto que estos últimos casos, a pesar de ser los más ruidosos, son también los más escasos, pero son igualmente consecuencia de un caldo de cultivo que propicia su aparición y propagación: un territorio en el que las operaciones inmobiliarias tienen un peso descomunal en la economía y donde la desregulación casi absoluta del sector multiplica el efecto llamada y las facilidades para que perfiles no aptos se hagan un hueco en el mercado.
El dinamismo de la inversión extranjera en el sector inmobiliario balear constituye un factor clave. El cada vez mayor peso del capital internacional en la compraventa de vivienda -32 % de las operaciones en las Islas en el tercer trimestre del año; como viene siendo habitual, el porcentaje más alto de España- ha generado la irrupción de múltiples empresas dedicadas exclusivamente a este cliente, muchas de ellas sin las garantías o la preparación profesionales adecuadas y que incluso exhiben un pronunciado aislamiento de la realidad cultural, idiomática o legal del territorio en el que operan.
«Diariamente se da de alta un autónomo o abre una microempresa dedicada a la intermediación inmobiliaria y la mayoría lo hace sin tener preparación ni conocimiento del sector, lo cual representa un importante riesgo para el consumidor. En muchas ocasiones ni siquiera se habla una de las dos lenguas cooficiales de Baleares, lo cual genera todavía más inseguridad». Quien habla es Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), un nombre poco sospechoso de querer cerrar las puertas a la inversión extranjera. El problema, insiste, es la desregulación de un sector, que «hace que esto sea un caos. Es un problemón».
El riesgo aumenta cuando el cliente extranjero percibe un escenario de mayor confianza cuando encuentra intermediarios de la misma nacionalidad. «Se mete mucha gente sin los conocimientos necesarios y con poca solvencia económica para resarcir a los clientes de posibles daños económicos generados», explica Lenz para apuntar que «sin ni siquiera conocer el castellano o el catalán no pueden trabajar con un mínimo de rigor, entender la legislación, pagar los impuestos requeridos…».
Microempresas
Según un estudio de ABINI en base a datos de Impulsa Balears y del Institut Balear d’Estadística (Ibestat), la actividad inmobiliaria genera 4.571 millones de euros, el 16,7 % del Valor Añadido Bruto (VAR) de las Islas. Junto con la construcción aglutina cerca de una cuarta parte del mismo. De las menos de 800 empresas de hace diez años se ha llegado a 1.443 en 2023, el 99 % de las cuales son microempresas (menos de diez trabajadores).
«Existe una verdadera urgencia social y económica para que un sector con ese peso en la economía cuente con un mecanismo de control con unas garantías mínimas para el ciudadano», señala Lenz. Máxime, subraya, cuando el descontrol imperante no sea sino un elemento más que agrava la crisis habitacional que padece Baleares y otro escollo en el camino para facilitar el acceso a la vivienda de su ciudadanía.