Llorenç Galmés cumple dos años como presidente del Consell de Mallorca, tiempo suficiente para rendir cuentas sobre algunas de las medidas anunciadas para abordar temas tan vitales como las retenciones en las carreteras y la regulación de entrada de vehículos, la masificación turística, la calidad del servicio de la ITV o la importación de basura de las Pitiüses a Son Reus. Sin olvidar los equilibrios políticos para aprobar algunas de estas iniciativas con el PI y la izquierda, a la que ataca con dureza por la «herencia recibida» del Pacte.
¿Cuándo terminarán las obras en el tramo del carril Bus-VAO y en qué mes lo volverán a habilitar?
—Las de la vía de cintura terminan el 19 de junio, y han permitido cambiar todo el asfalto y añadir algunos nuevos carriles. Las del tramo que comenta ahora estarán paralizadas durante la temporada turística y se retomarán en otoño. Aun así, escuchando la voluntad del pueblo mallorquín, trabajamos para que Madrid entienda que esta chapuza no funciona porque ha duplicado los accidentes y ha aumentado los atascos, como indican los informes técnicos. Todavía esperamos la reunión que nos prometió hace un año el director general de la DGT.
Los atascos no dejan de intensificarse. ¿Al acabar la legislatura habrá «desatascado» Mallorca, como prometió?
—A día de hoy, los informes técnicos nos dicen que se han reducido los atascos y los accidentes donde se ha actuado. Continuaremos trabajando para que esto mejore todavía más. Se han hecho más planos en dos años que en ocho. Estamos desarrollando un plan de 164 millones para las entradas a Palma. Hay obras acabadas que, como decía, han reducido retenciones, como el carril cero de la salida del cementerio, el de la salida de Son Oms hacia el aeropuerto o el de Son Sant Joan hacia Llucmajor. Además, hemos destinado 20 millones para mejorar carreteras secundarias, que estaban olvidadas, y otros 24 millones para eliminar 40 puntos negros.
Baleària y la patronal de vehículos de alquiler ya han recurrido la limitación de coches en Eivissa. ¿Temen que os pueda afectar?
—El borrador que tenemos tiene la cobertura legal de los servicios jurídicos del Consell, pero si se detectaran errores en normativas como la eivissenca, se corregiría en la nuestra. Pero aquí tenemos el apoyo casi total de las patronales. No queremos imponer, como se hizo con el límite de 80 kilómetros por hora o el Bus-VAO. Como institución hacemos frente de manera valiente a uno de los principales retos que tenemos como consecuencia de la inactividad que hubo durante los últimos ocho años. Hemos encargado por primera vez un estudio de carga, algo que el Pacte no fue capaz de hacer por diferencias políticas.
Cuando estaba en la oposición no lo propuso, solo Més y Podemos plantearon esta propuesta.
—Pero no se llegó a hacer nada. Si se hubiera hecho un estudio de carga, como ahora, habríamos tomado una decisión, pero sin datos objetivos no podíamos pronunciarnos.
¿Cómo va el desarrollo normativo de la regulación de coches?
—El informe de carga nos indicó que en 2023 entraron casi 400.000 vehículos a Mallorca y que esto no se puede absorber. De ahí que impulsemos una proposición de ley que tendrá que aprobarse en el Parlament para regular esta situación, aplicando una tasa disuasiva y estableciendo un límite a los coches de alquiler que no tributen en las Islas. Y recuerdo que son unas medidas que no afectan a los residentes. De hecho, los no residentes con casa en la Isla solo podrán tener un único vehículo por domicilio siempre que paguen aquí el impuesto de circulación. Esto tiene el apoyo jurídico y nos amparamos en que somos un territorio limitado. Queremos que todo esto perdure y el próximo día 13 entregaremos el borrador a los partidos para poder reunirnos y consensuar el texto final.
¿Cómo lleva tener que depender de la oposición para aprobar esta medida porque sus socios de Vox han dicho que la rechazarán?
—Por eso queremos dialogar con todos para consensuar e intentar que se sumen a su aprobación.
¿Suavizaría alguna medida anunciada para ganarse el voto de Vox? La oposición ha sido clara y se muestra favorable. Tampoco se puede permitir votar en contra.
—No sé si han sido tan claros. Creo que es algo que pide la sociedad mallorquina y no podemos ponernos de perfil. Ya nos gustaría que estuviera en marcha si se hubiera hecho el trabajo antes.
¿Cuándo será una realidad el modelo mixto público y privado que anunciaron para la ITV?
—Nos hemos centrado en desarrollar el nuevo contrato, que implica un aumento de 50 trabajares y un 35 % más de inspecciones anuales. Ya se ha reducido de los cinco meses de espera que nos encontramos a que en algunas estaciones ahora puedas coger cita con pocos días de antelación. Con el Pacte algunos, cansados de esperar, se iban a Menorca o la Península.
El Govern negoció con el Consell d’Eivissa importar la basura de Pitiüses a la planta de Son Reus. ¿Aceptó a regañadientes?
—No, todo se consensuó. El Govern nos sentó a todos consciente de este problema ambiental autonómico y llegamos a esta solución que es buena para Mallorca y las Pitiüses, donde se han quedado sin espacio para deshacerse de sus residuos. Si Menorca se tiene que sumar en un futuro, también lo podrá hacer. Al importar residuos aquí ganamos una compensación de 50 millones del Govern que permitirá bajar un 10 % la tarifa de residuos, como prometimos. Además, se han dicho mentiras. No vendrán 20.000 camiones anuales, como máximo llegarán 10 al día.
Anunciaron rebajar el tope de crecimiento turístico sin eliminar plazas existentes, por lo que no se reducirá la masificación. ¿Ya están modificando el Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics (PIAT)? ¿Prevén hacer algo más?
—Se ha iniciado la modificación del PIAT, pero es algo que dura varios años. Gracias al decreto turístico del Govern, y tras un estudio de carga que encargamos a la Universitat de les Illes Balears (UIB), podremos aprobar en el pleno la reducción de plazas y fijarlas en 412.000, como máximo. Además, estamos luchando contra la oferta ilegal, pidiendo 4 millones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) porque hace mucho daño a la marca. Hemos pasado de 20 a 30 inspectores y tenemos 17 nuevos trabajadores en el departamento. Hay propuestas de sanciones interpuestas por valor de 8 millones.
Aunque eviten hablar de promoción, la seguirán haciendo. ¿No hubiera sido más fácil defender una promoción, pero diferente?
—Es para enviar un mensaje al exterior para concienciar que hemos cambiado el modelo. Es una declaración de intenciones. No tenemos un problema de demanda, pero sí que hay que hacer entender a los turistas de que este es un territorio frágil, que se tiene que respetar nuestra cultura y el medio. Por eso suprimimos la palabra promoción.
¿Cuántas edificaciones en suelo rústico han legalizado ya?
—No tenemos una estimación porque depende de los ayuntamientos.
A ocho de cada diez ciudadanos de las Islas les preocupa el crecimiento sin freno de la población, según la encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES). El Pla Territorial Insular (PTI) permite reducir ese potencial aumento. ¿Prevén tomar alguna medida?
—En estos momentos no.