Solo uno de cada tres extranjeros que compraron una vivienda en Baleares en 2023 eran residentes en el Archipiélago, lo que supone que la inmensa mayoría de estos inmuebles fueron adquiridos como una segunda residencia. Así lo reflejan los datos recogidos en la Memoria del Consejo Económico y Social (CES) de Baleares, la cual específica que la comunidad presenta la tasa más elevada de España en transacciones realizadas por no residentes: un 25 %.
La sección del informe del CES dedicada a la vivienda se basa en datos extraídos del Instituto Nacional d’Estadística (INE) que certifican un progresivo incremento de la tasa de compradores no residentes, una tasa que situaba en el 8,7 % en el año 2007. Los mismos datos indican que el 13 % de las compras son realizadas por extranjeros residentes en las Islas, lo que eleva al 38 % la tasa total de operaciones protagonizadas por compradores de nacionalidad extranjera, sean residentes o no (seis puntos por encima de lo que indican las estadísticas del Colegio de Registradores para ese año). La media estatal es del 19,3 %.
El debate sobre la compra de viviendas por extranjeros volvió a saltar a la palestra la semana pasada, con motivo de las ventas de viviendas a ciudadanos extranjeros relacionadas con dirigentes de Més, partido que siempre ha defendido la restricción de venta a no residentes como cortapisas para paliar la galopante crisis de acceso a la vivienda en el Archipiélago. En esos casos -que afectaban a Jaume Alzamora y a Lluís Apesteguia, portavoz parlamentario y coordinador del partido, respectivamente- los políticos zanjaron la polémica amparándose en la distinción expresa entre extranjeros y no residentes. «La condición de la residencia es un elemento clave del debate», señaló Apesteguia en una entrevista a este rotativo. «Siempre hemos hablado de residentes o no residentes. La Unión Europea ya nos ha dicho que estas limitaciones a no residentes solo pueden ser temporales y supeditadas a un objetivo», señaló para añadir que «hay una posibilidad» para fijar esta prescripción, «y no entramos en si son extranjeros».
Por su parte, Alzamora señaló que «Més habla de no residentes, jamás discriminaría a nadie en función de su nacionalidad. Un no residente puede ser nacido en Ariany y pedimos que se limite su capacidad de adquirir una vivienda. Al igual que si uno es nacido en Alemania, Estados Unidos o Camerún tiene todo el derecho a comprar una casa si reside aquí».
En cualquier caso, los datos del informe del CES certifican la penetración en el sector inmobiliario de los no residentes (que también pueden proceder de otra comunidad autónoma), cada vez más interesados en adquirir una vivienda vacacional en las Islas. Este ha sido un factor clave -pero no el único- en el proceso de encarecimiento de la vivienda. El estudio del CES indica un incremento del 4,1 % en los precios con respecto al año anterior (un 9,3 % en la vivienda de obra nueva y un 3,4 % en la de segunda mano). El índice de precios se situó en su punto más álgido desde 2008. «Eso significa que si en 2015 una persona tenía que pagar 100.000 euros, en 2023 tuvo que pagar hasta 163.400», señala la Memoria.
Dos mercados
Por otro lado, el informe certifica el progresivo incremento en el precio de la vivienda que se lleva experimentando en la última década. En ese sentido, el profesor de Economía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Antonio Alcover (uno de los responsables de la Memoria), señala que la existencia de «dos mercados diferenciados» -el de la vivienda de lujo, por un lado, y del resto de la oferta, por el otro- en el sector inmobiliario balear «distorsiona las medias» que se pueden extraer en los diferentes estudios del sector que se llevan a cabo. Por ello, Alcover se muestra partidario de «profundizar y plantear el mercado de la vivienda de otro modo porque tenemos dos mercados con dos productos diferentes». Hacer esa distinción en los estudios, asegura, «es algo que nos vienen pidiendo muchos integrantes del CES, como los sindicatos».