Perdida para siempre la isla de la calma tengo muy claro que una de las demandas sociales más importantes a nuestros poderes públicos es garantizar la seguridad de los ciudadanos. El incremento de las crónicas de sucesos y situaciones como la ocupación están dejando de manifiesto que el sistema es ineficiente y entre estos fallos aparece el drama de la policía local en Mallorca. Lo hemos leído en estas páginas como razón para un cambio de alcalde en Andratx –pueblo con recursos donde ha desaparecido la mayoría de la plantilla– o en la entrevista al veterano Joan Llompart que declaraba: «Hay que desligar la policía de los políticos, son nefastos y no nos dejan trabajar». Es una auténtica vergüenza, no ya la insuficiencia de agentes sino el mercadeo que se está produciendo entre los municipios. Ello se debe a una clara falta de una visión y previsión de futuro a medio y largo plazo, en la formación y promoción. Volviendo a la afirmación del inspector jubilado, puede que además de la incompetencia o miedos del concejal de turno, el caos actual también se eleve a otras instancias y padezca la que a menudo cito como falta de un consenso político para no estar cambiando las normas reguladoras de la materia en cada legislatura a gusto de cada político o partido de turno.

Personalmente me alegra mucho cuando en nuestra Facultad de Derecho aparecen como estudiantes agentes de policía, pues son fundamentales en la aplicación del derecho y por ello es prioritario cambiar el sistema de acceso a la profesión de policía y que accedan con la máxima formación. Uno de los focos se ha situado siempre en una socialmente desconocida EBAP (Escuela Balear de Administración Pública). Falta de programación de cursos por parte de la EBAP o de formaciones específicas –por ejemplo, en emergencias– como antes a través del ISPIB, instituto que coordinaba e impartía la formación en Policía, bomberos, Protección Civil, con profesionales especializados en formación de seguridad que coordinaban todas sus acciones. A pesar de su escasez y que falten en las calles no basta con ponerles un traje y digitar agentes.

Es necesaria, pues, una formación profesional en seguridad pública de calidad. Somos pobres y no tendremos una policía autonómica pero ante lo expuesto, la Comunidad Autónoma debería ejercer sus competencias para provocar la homogenización en salarios, turnos, condiciones laborales y promoción. Es inadmisible no ver patrullas por la calle, tener a policías en las oficinas perdidos en la maraña burocrática. Somos un destino turístico y la seguridad debe ser una absoluta prioridad. Este drama nos hace sentir desamparados y a cualquiera le resulta incomprensible que nuestros mayores puedan contar que hace unas décadas dormían con las llaves en la puerta. Es un mito imposible que debe servir como revulsivo. Las cosas no pueden seguir así. Las partidas destinadas a solucionar esta situación son prioritarias, una nueva política y, obviamente, más agentes velando por nosotros.

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