La regidora de Seguridad Ciudadana de Santa Margalida, Beatriz Gamundí, aseguró ayer que el Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), dependiente de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, desvía a la Part Forana a personas y familias en riesgo de exclusión social residentes en Palma, recolocándolos en viviendas sociales del resto de municipios, cuestión que niega tajantemente el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela.
El Ibavi dispone de 34 pisos en régimen de alquiler en Santa Margalida de los que a día de hoy únicamente seis están ocupados. No obstante, el Ajuntament espera desde hace meses que el Govern balear le ceda a un precio justo dos viviendas sociales para habilitarlas como viviendas tuteladas municipales. El desencuentro entre ambas instituciones (que ya se había evidenciado en torno a la finca de Son Real) se agudiza.
Solvencia
«Todos nuestros inquilinos tienen solvencia y están al corriente de pago, no preguntamos, ni es de nuestro interés, su municipio de procedencia, lo que queremos es llenar las viviendas que el ex conseller Carbonero compró a la ligera sin un estudio», dice el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela. Para Cayuela la denuncia del Ajuntament de Santa Margalida es «una fantasía peliculera».
La versión que ofrecen la regidora Beatriz Gamundí y la trabajadora social de Santa Margalida es muy diferente. «En servicios sociales hemos detectado que les tramitan la renta mínima desde Palma, renta mínima que se tiene que renovar cada seis meses, y cuando llegan aquí a una vivienda social nos vienen a los servicios sociales para renovar y nosotros no podemos atenderles hasta que llevan seis meses empadronados en el municipio, pero es que además vemos que en Palma les han dado la renta mínima sin cumplir los requisitos», dice Gamundí. La regidora asegura que «a los municipios pequeños nos miran con lupa nuestras rentas mínimas y Palma tiene un trato especial con las instituciones».
En opinión de Gamundí, los habitantes de Santa Margalida apenas demandan viviendas sociales porque «los precios no están ajustados al mercado y tampoco los requisitos que se exigen se ajustan a la realidad actual, por lo que terminan alquilando por su cuenta ante las trabas que encuentran en la administración».