La talidomida es un principio activo con el que en los años 50 y 60 del pasado siglo se fabricaron sedantes por parte de la farmacéutica alemana Grünenthal, que se prescribieron masivamente a las embarazadas para paliar las náuseas propias de su estado. En 1961 se descubrió que era un potente teratógeno (un agente capaz de causar un defecto congénito), pero cuando se dieron cuenta ya se habían producido decenas de miles de abortos y todo tipo de malformaciones de bebés.
Los mallorquines María Magdalena Estelrich (66 años), Jaume Ferrer (60 años), Joan Capó (55 años) y Roberto P. Artigues (54 años), son cuatro personas que nacieron con un defecto congénito, porque sus madres tomaron talidomida, lo que no les ha impedido tener una vida laboral y familiar activa. Son cuatro de las más de 520 personas que reclaman 390 millones de euros de indemnización al Estado.
«Estamos cansados de falsas promesas políticas, lo que queremos es que nos paguen las indemnizaciones ya», afirma Jaume Ferrer que tiene reconocido que es uno de los afectados por la talidomida por uno de los médicos que descubrió los efectos del fármaco, el doctor Claus Kanapp.
Los afectados por la talidomida en España consiguieron, en 2018, que el Gobierno central incluyera dentro de su presupuesto una línea de ayudas para los afectados: 12.000 euros por cada punto de discapacidad que tuviera reconocida la persona. A día de hoy ninguna de estas personas ha recibido ni un euro y por ello continúan reclamando «que se nos pague antes de que nos vayamos muriendo uno a uno» y añaden que «encima parece que se están riendo de nosotros porque el Gobierno pretende retener el IRPF de las indemnizaciones» añaden.
Estudios
Hace aproximadamente un año el Gobierno central empezó, en todas las comunidades autónomas, el proceso para analizar todos los casos y certificarlos de forma oficial. Las cuatro personas que aparecen en esta información se sometieron a las pruebas, que mayoritariamente se llevaron a cabo en Son Espases. En total se presentaron 15 posibles casos y hay un caso más en revisión, según fuentes del IB-Salut.
«Este mes de febrero hace un año que nos hicieron las pruebas y no nos consta que los resultados hayan llegado al Instituto de Salud Carlos III que es donde se tienen que estudiar todos los resultados», afirma Maria Magdalena Estelrich.
«Lo que nos parece indignante -afirma Ferrer- es que el Parlament balear aprobó, con la abstención del PP, una proposición no de ley, en la que, entre otras cosas, se solicitaba exigir una reparación moral y social derivada de los daños causados a este colectivo» y «presentar una demanda judicial contra el laboratorio alemán Grünenthal y no se ha hecho nada de nada».
Sus compañeros asienten a la afirmación de Ferrer y añaden que están cansados de pedir entrevistas con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salut, Patricia Gómez, y que «en toda la legislatura no hemos conseguido que nos reciban y eso que sólo repiten que son el gobierno de las personas», apostillan.